El contador Carlos Correa explicó las implicancias que tiene el acuerdo que alcanzó el gobierno nacional con los bonistas extranjeros.
En diálogo con la CSC Radio y EDXD, Correa explicó que “lo que se arregló es la deuda con acreedores externos, con jurisdicción extranjera, y toda deuda de acreedores privados que no tienen nada que ver con las deudas que se le deben a los organismos multilaterales de créditos como el FMI”.
En ese marco, indicó que “falta ahora acordar una deuda de alrededor 45.000 millones de dólares que se le deben al Fondo, y obviamente comienza otro round con el organismo que será más o menos similar con lo que se hizo con los privados: para pagar a partir de 2023 o 2024”.
Asimismo, aclaró que “con esto no se resolvió el tema de la deuda sino que se difiere en el tiempo la posibilidad de pagar y otra cuestión a destacar es que ni los acreedores externos ni el Fondo Monetario van a prestar dinero fresco en estas instancias, con lo cual el déficit que tiene hoy el Estado –que es el dinero que le falta porque gasta más de lo que recauda- lo tendrá que obtener con emisión monetaria, con las consecuencias que eso tiene”.
Explicó que esa emisión descontrolada “genera un déficit descontrolado, hoy de alrededor de 7 puntos del producto bruto, y que puede generar a corto o mediano plazo una inflación que es el mayor temor, porque si es moneda sin respaldo más temprano que tarde termina trasladándose a precios, y ese es el gran problema no resuelto hoy en Argentina”.
En ese contexto, dijo que “si bien no se sabe si el dólar va a subir o bajar, debería disminuir la tensión cambiaria porque el gobierno tendrá algunos instrumentos que le significarán entre 13.000 y 15.000 millones de dólares para jugar en el mercado, y puede que no haya tanta presión”.
Asimismo afirmó que “el problema es que no hay divisas y el gobierno las sale a rifar en otra mala medida que en definitiva termina ayudando a la clase que menos urgencias tiene, y en lugar de centrar todos los esfuerzos en la clase más necesitada, bordeando un 50% de pobreza, se ayuda a la clase que más recursos tiene; además de las medidas de fondo que no llegan”.
“La clase política no ve la realidad cotidiana, está muy lejos de la necesidad y las urgencias de las empresas y las personas y cada día el problema se profundiza más; y las medidas llegan cada vez más tarde para proteger la creación de empleo genuino y sustentable. Están más preocupados por cobrarle a 12.000 personas un impuesto a la riqueza que todos sabemos que no van a pagar y cuya recaudación no sirve a nivel macro”, concluyó.
