Al respecto, el ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Antonio Ciancio, sostuvo: “Celebramos el objetivo del gobierno nacional de comenzar, luego de 8 años de administración, a hacer justicia social y coincidimos con la quita progresiva de los subsidios”, y agregó que “en Santa Fe desde el primer día de nuestra gestión trabajamos para gestionar servicios públicos de calidad y con inclusión social”.
“La implementación de los programas Luz y Agua Segura y Solidario e Integrador de Cloacas son políticas de Estado que apuntan a la inclusión social, a solucionar los problemas de fondo sin enfrentar a los ciudadanos, y sin generar desigualdades en la distribución de los ingresos”, sostuvo el funcionario.
El gobierno de la provincia de Santa Fe tiene bajo su órbita las empresas prestadoras de los servicios de luz y agua, y sólo la Empresa Provincial de Energía (EPE) recibe subsidios nacionales para la compra de energía, los cuales son trasladados en su totalidad a los consumidores finales.
En ese contexto, desde el gobierno provincial respondieron al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y argumentaron que “es la Nación la que no aplica equidad desde el momento que la EPE tiene un solo precio de compra posible y que cuenta con un único subsidio, a diferencia de otras distribuidoras como Edenor y Edesur, que además tienen subsidios indirectos en obras, en las sanciones a los consumos mayores determinados en mecanismos como el Pure (programa de uso racional de energía), que aplicadas vuelven a las distribuidoras, además de la activa participación en las paritarias de las distribuidoras.
Desde la EPE recordaron que la empresa presta servicio en 132 mil km2 en 295 localidades, a diferencia de Edenor que tiene más del doble de clientes en una sola ciudad y con menos kilómetros de línea, por lo cual resulta desacertada la comparación tarifaria de ambas distribuidoras, ya que el arancel va directamente asociado a las características del territorio donde se presta servicio.
“Es importante que a nivel nacional se reconozca el gran esfuerzo que está haciendo Santa Fe para tener servicios de óptima calidad, y que nos acompañen en este desarrollo sin castigarnos por progresar”, sostuvo Ciancio.
Asimismo, alertaron sobre las consecuencias de los anuncios del gobierno nacional en torno al recorte de subsidios, ya que podrían interrumpir el proceso de recuperación de las empresas de servicios en manos del estado, poniendo en riesgo la prestación de servicios tan necesarios como el agua y la energía, alejándose de este modo de todo acto de justicia social.
La posible consecuencia en Santa Fe comprendería la quita del subsidio a la tarifa con la que las distribuidoras compran la energía a la mayorista Cammesa, y de esa manera atentar contra las inversiones previstas para el año 2012, que rondan los 500 millones de pesos.
SERVICIOS CON INCLUSIÓN SOCIAL
Ciancio señaló que “al asumir nuestra gestión en 2007, se produjo un cambio estructural en función de gestionar los servicios públicos: la luz y el agua se dejaron de considerarse como una mercadería que se compra, se distribuye y se vende, para ser concebidas como un bien social al que toda la población tiene derecho a acceder”.
El Programa Luz y Agua Segura es la respuesta que el gobierno provincial propone y ejecuta para incluir a 85.000 vecinos de las ciudades de Rosario y Santa Fe que actualmente no tienen acceso seguro a estos servicios.
En el caso del servicio eléctrico, la iniciativa consiste en reemplazar las conexiones irregulares por instalaciones seguras, con conexiones domiciliarias que cuenten con un limitador de carga que interrumpirá la corriente eléctrica apenas el usuario se exceda en el consumo. Una vez que ese domicilio reduzca su exceso de demanda, el servicio se repondrá automáticamente cinco minutos después.
De esta manera, los clientes residenciales, comerciales e industriales del entorno también se verán beneficiados porque el programa se encuadra dentro de los criterios del uso racional de la energía, y así se eliminarán los picos de consumo que producen inconvenientes en las zonas aledañas.
Aquellos vecinos que hoy poseen una conexión irregular e insegura pasarán a ser clientes formales a cambio de una tarifa fija mensual de 37 pesos, sin estar sujetos a desconexiones ni sanciones legales, y en condiciones de seguridad para todos los miembros de la familia y el vecindario
