La Justicia emplazó a los fiscales para elevar a juicio la causa Maros. La investigación por estafas reiteradas cometidas por cuatro miembros de la agencia de turismo deberá ir a juicio en un mes, de lo contrario los imputados serán liberados.
(Juliano Salierno - El Litoral) - La Cámara de Apelación Penal de Santa Fe confirmó ayer la prisión preventiva para dos de los cuatro detenidos por las estafas reiteradas cometidas por la empresa de viajes y turismo Maros. El juez de cámara Roberto Reyes resolvió “rechazar las nulidades” y “el cambio de calificación legal” planteados por los abogados defensores de los imputados Miguel Ángel Correa y Lucila “Popi” García. Asimismo, emplazó al Ministerio Público de la Acusación para que la causa sea elevada a juicio en los próximos treinta días, de lo contrario se dispondrá el cese de prisión.
La audiencia de apelación tuvo lugar el pasado viernes 3 de marzo en Tribunales, en la que sólo dos de los cuatro imputados formularon planteos recursivos. Las dueñas de la agencia, Marcela Arévalo y su madre Ana Isabel Felice, no cuestionaron la medida de primera instancia y permanecen en prisión, común la primera y domiciliaria la segunda. Una quinta imputada, la representante técnica idónea Ivana Álvarez Flores, atraviesa el proceso en libertad, como partícipe principal de estafa y falsificación de documento reiterados.
Cifra millonaria
El caso se inició el 2 de enero, cuando pasadas las 20, personal policial se constituyó en calle 1º de Mayo 6916, donde un grupo de personas se agolpó en la puerta de la agencia de viajes y turismo Maros, para reclamar por lo que a primera vista aparecía como una estafa a un contingente de 68 personas que tenían programado un viaje a Cancún y Playa del Carmen con fecha de partida al día siguiente.
A medida que fue avanzando la investigación la fiscalía a cargo de Omar de Pedro y María Lucila Nuzzo, estableció que la estafa rondaba un monto cercano a los 5 millones de pesos por lo que solicitaron la prisión preventiva, primero para Arévalo, Felice y Correa y días después para García.
En el primer caso, fue el juez Jorge Patrizi quien avaló el planteo fiscal; mientras que en el segundo se trató del juez Sergio Carraro quien falló en el mismo sentido.
Ambas resoluciones fueron apeladas por los abogados Abel Bay y María Eugenia Cogliano -por Correa-; y Germán Corazza y Eduardo Jauchen -por García-. A pesar de los denodados esfuerzos de ambas defensas por mejorar la situación procesal de sus clientes, la Cámara volvió a validar la investigación de los fiscales, aunque acotó los plazos para que la causa llegue a juicio, de lo contrario los imputados podrían continuar el proceso en libertad.
Plazo máximo
Luego de escuchar los alegatos de las partes el juez Reyes descartó que las imputaciones fueran “ambiguas o abstractas como argumenta la defensa” por lo que no hizo lugar a las nulidades planteadas en tal sentido.
También se refirió al giro utilizado por el juez Sergio Carraro cuando aludió a la “paz social” para dictar la preventiva a García. “En relación con la referencia que realiza el juez sobre la afectación de ‘la paz social‘ que implicaría concederle la libertad, debe convenirse en que no se trata de una expresión feliz”, dijo Reyes, aunque destacó que “Carraro ha realizado un pormenorizado análisis de pruebas que a su entender comprometen la situación de Lucila García”.
También se refirió a la pretensión de hacer una distinción entre Correa y García -empleados-, con Arévalo y Felice -dueñas-: “Entiendo que no es la condición de empleados que se invoca, sino la intervención que tuvieron. No tengo el menor resquicio de duda de que ambos conocían el estado patrimonial de la empresa y sus dificultades para cumplir con los compromisos contraídos con los clientes”.
Por último, el magistrado se dirigió al Ministerio Público de la Acusación, que deberán “agilizar los tiempos y completar la investigación”. Reyes puso como plazo máximo “un mes a partir de la fecha de esta resolución, transcurrido el cual, si el fiscal no solicita la elevación de la causa a juicio, las cautelares cesarán de pleno derecho”.
El Litoral -
