La Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, dio a conocer más detalles de la causa por estafa extorsiva que investiga la Justicia y que habría derivado en el suicidio de un vecino de Esperanza.
Este lunes, efectivos de la PDI concretaron el traslado de una mujer detenida en la ciudad de Mar del Plata hacia la capital del departamento Las Colonias, donde será sometida a audiencia imputativa en las próximas horas.
El expediente, bajo la intervención de la Unidad Fiscal de Las Colonias, se inició tras la denuncia por un hecho de extrema gravedad: Jorge Gómez, empleado de la planta de Sadesa en barrio La Orilla, habría sido víctima de un entramado delictivo de sextorsión.
El caso se remonta a noviembre de 2024, cuando Gómez intentó quitarse la vida en la cabina de seguridad de la empresa donde trabajaba como sereno. Luego de permanecer en estado crítico durante varios meses, falleció en febrero de 2025.
La pesquisa permitió establecer que las amenazas y exigencias económicas se realizaban a través de comunicaciones telefónicas con característica de Mar del Plata. Pericias posteriores confirmaron que la víctima había enviado material íntimo y que desde una unidad penitenciaria lo extorsionaban para no difundirlo.
Tras las tareas de inteligencia, la PDI identificó a una mujer con domicilio en la ciudad de Miramar. Con apoyo de la DDI de Mar del Plata, se efectuó un allanamiento en una vivienda de calle 1 al 2000, donde fue detenida la sospechosa. La mujer fue alojada en la Unidad Penitenciaria N° 50 de Mujeres de Batán.
En paralelo, personal policial llevó adelante una requisa dentro de la cárcel de Batán, donde secuestraron cuatro teléfonos celulares y elementos de interés para la causa. Los investigadores no descartan que internos del penal hayan participado de las maniobras delictivas, manteniendo vínculos directos con la detenida.
Fuentes judiciales indicaron que la audiencia imputativa, que se realizará en los Tribunales de Santa Fe, permitirá precisar las imputaciones formales y avanzar en la atribución de responsabilidades.
El caso, que conmocionó a la comunidad esperancina, vuelve a poner en agenda la modalidad de extorsiones virtuales desde cárceles y el impacto devastador que estos delitos pueden tener en las víctimas y sus familias.
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