Con una mayoría aplastante, la oposición en la Cámara de Diputados dio este miércoles un contundente primer paso para insistir con la ley de emergencia pediátrica y el financiamiento universitario.
La primera obtuvo 181 votos a favor, 60 en contra y una abstención. La segunda logró 174 votos a favor, 67 en contra y 2 abstenciones. Superaron ampliamente los dos tercios y sumaron adhesiones respecto de las votaciones originales.
Ambos vetos del presidente Javier Milei se rechazaron con el impulso de los bloques críticos y con el acompañamiento de exaliados del oficialismo.
La Libertad Avanza (LLA) se mostró desde el principio sin herramientas para revertir una derrota. No pudo contener a los gobernadores que solían salir en su auxilio en votaciones claves ni tampoco a muchos de los que llegaron al Congreso de la mano del Presidente, pero que se alejaron tras ser relegados de los acuerdos electorales.
Tampoco pudo contener a los heridos dentro de Pro. Silvia Lospennato, que compitió contra LLA en la Ciudad, votó en contra de los vetos presidenciales. María Eugenia Vidal acompañó la emergencia pediátrica y se abstuvo en universidades.
Las insistencias se girarán al Senado, que tendrá la palabra final. Allí los libertarios se encuentran en una posición extremadamente débil y es improbable que frenen la ofensiva opositora para voltear definitivamente los vetos.
La ley de emergencia pediátrica dispone una recomposición salarial para todo el personal del área, elimina el impuesto a las ganancias sobre guardias y horas extras, habilita compras directas de insumos y financiamiento con fondos de contingencia. También refuerza el sistema de residencias médicas. Define que se financiará con una reasignación de fondos y uso de reservas.
El presupuesto universitario, que prevé actualizar automáticamente por inflación los gastos de funcionamiento, hospitales universitarios y partidas de ciencia y tecnología, con retroactividad a 2024 y ajuste bimensual. También dispone un aumento salarial inicial del 40,8%, paritarias trimestrales y subas mensuales atadas al IPC, además de la recomposición de becas y auditorías de la AGN. Milei ya había vetado una norma similar el año pasado. Según la OPC, el costo fiscal para 2025 rondaría los $1,9 billones, equivalentes al 0,23% del PBI.
