El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, expresó un fuerte rechazo a la desregulación del sistema de vacunación antiaftosa dispuesta por el Gobierno nacional, al advertir que la medida pone en riesgo el estatus sanitario de la ganadería argentina y “debilita un sistema que llevó décadas construir”.
El dirigente reclamó revertir la decisión oficial y alertó sobre posibles consecuencias en la producción y los mercados externos.
Durante su participación en la Expo Rural de Puerto San Julián, Castagnani cuestionó los cambios introducidos por la Resolución 201/2026 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que habilita a partir de 2027 la libre contratación de veterinarios privados para aplicar vacunas contra la aftosa y la brucelosis, en reemplazo del esquema coordinado por entes sanitarios regionales.
“El gobierno cometió un error y tenemos todo este año para revertir esta medida. Está en riesgo el estatus sanitario de la Argentina y se pone en peligro la sanidad de nuestro rodeo”, afirmó el titular de CRA, en línea con el posicionamiento crítico de otras entidades que integran la Mesa de Enlace como la Federación Agraria Argentina (FAA).
La normativa oficial elimina la obligatoriedad de canalizar la vacunación a través de más de 300 fundaciones y entes sanitarios, con el argumento de fomentar la competencia, reducir costos y evitar “monopolios locales”. Sin embargo, desde el ruralismo sostienen que el cambio responde a una “lógica economicista” que desconoce el funcionamiento epidemiológico del sistema.
En ese sentido, Castagnani subrayó que “la sanidad animal no es un costo, es una inversión estratégica”, y advirtió que cualquier retroceso puede impactar en la producción y el acceso a mercados internacionales.
Dudas sobre controles, logística y cadena de frío
Las entidades temen que la desarticulación del esquema actual afecte la cobertura total de vacunación, comprometa la trazabilidad y dificulte los controles, lo que podría derivar en brotes de aftosa y la eventual pérdida del estatus sanitario logrado tras décadas.
Otro de los cuestionamientos apunta a la logística: el sistema vigente centraliza la compra de vacunas, garantiza la cadena de frío y facilita las auditorías del SENASA. Con la nueva modalidad, advierten, el organismo debería fiscalizar a miles de veterinarios privados, lo que complejizaría los controles. Además, señalan un posible impacto negativo en pequeños productores, que hoy acceden a condiciones equitativas dentro de un esquema solidario.
Las críticas también incluyen el riesgo de afectar campañas complementarias, como la vacunación contra la brucelosis, y la falta de consenso técnico previo a la decisión oficial, que no fue debatida en los ámbitos sanitarios provinciales, denunció.
Fuente: Aire Agro – Radio de Santa Fe
