El Concejo Municipal por unanimidad sancionó en la sesión del 27 de marzo el proyecto de ordenanza propuesto por el Departamento Ejecutivo, en un sorprendente trámite sumarísimo, la venta directa de aproximadamente 8.300 mts2 de calle pública (ya abierta) a una industria radicada en la ciudad, para ampliación de sus actuales instalaciones.
Está contemplado por las leyes y ordenanzas vigentes que el Concejo autorice este tipo de procedimientos requiriendo para ello, por su importancia y excepción, la aprobación por una mayoría especial de dos tercios de sus miembros. También establecen la prerrogativa de que la subasta pública es el modo adecuado para determinar el precio, dejando sólo para casos de urgencia una venta directa.
Recorriendo el expediente que constituye la base de la ordenanza sancionada, al cual todo ciudadano tiene derecho a tener acceso, quisiéramos resaltar lo siguiente:
-Que la empresa no justificó siquiera técnicamente la necesidad de ocupar la calle. Más allá de mencionar que la inversión superaría los 60 M (millones) de Dólares, que se crearían alrededor de 70 puestos de trabajo y que supone una ampliación de la actividad industrial actual, no se ha presentado ni siquiera un anteproyecto, un bosquejo o una zonificación de las obras a construir que justifiquen la imprescindible ocupación del espacio público.
Vale recordar aquí ejemplos cercanos, como los existentes en Franck o en Gral. Deheza, donde las instalaciones industriales pasan por sobre las calles a una altura que sigue permitiendo el tránsito. ¿No hubiera sido posible eso aquí?.
-Que tanto el proyecto de ordenanza, elevado por el Ejecutivo, ni la ordenanza sancionada por el Concejo, ha considerado nunca realizar una subasta pública. Limitándose a fijar el precio de la venta directa sobre tasaciones del “terreno” realizadas por las inmobiliarias locales (que van de 70 a 520 $/m2) y luego a realizar su propia tasación (tomando como base las anteriores, en la comparación con un solo terreno cercano en venta y en métodos que parten de la desventaja que tiene el “lote” de tener poco frente y mucho fondo). Ahora nos preguntamos: ¿el espacio público puede ser valuado de la misma manera que el privado?, ¿cuál es el frente de esta fracción para el comprador?, además ¿vale lo mismo cuando vendo a un vecino?.
-Que el análisis realizado del impacto en la ciudad del cierre de la calle se limitó a lo que pasa en la concesión donde se ubica. Poniendo un ladrillo más en la construcción de una ciudad sin planificación a largo plazo, sólo sumando partes (o parches) según las necesidades del momento. Pareciera que no alcanza con las dificultades que tienen los vecinos del norte (desde el este hasta el oeste) para acceder al centro por la presencia de fábricas que cerraron calles.
-Que no se ha tenido en cuenta, en todo el trámite, el interés de los vecinos (los que seguramente se verán afectados por el impacto ambiental negativo que generará la ampliación de la industria).
Más allá de resaltar la importancia desde lo económico que supone la ampliación de la industria en la ciudad, no se contempló la posibilidad de que esta pérdida de espacio público se transforme en una ganancia para los aledaños: ceder la calle a cambio de un acceso pavimentado desde el barrio a las rutas 6 y 70, construcción de una plaza o un centro comunitario en ese sector, etc. Todo lo contrario, si bien no se especifica claramente a qué se destinaría el dinero de la venta (y por lo tanto ni el gobierno ni la empresa se comprometen a nada concreto luego de que todos perdamos una calle más) se sugiere y presupuesta la realización de algunas obras de infraestructura que beneficiarían fundamentalmente a la misma empresa (un negocio realmente redondo) o a loteadores cercanos (otro negocio también redondo).
Por lo expuesto, consideramos que esta situación en particular, hubiera merecido ampliar la información sobre la imprescindibilidad de ocupar el espacio público, y si fuera demostrada, la firma de un convenio urbanístico, un acuerdo público-privado, que vuelque en beneficios concretos para los vecinos esta nueva pérdida.
Firman: Partido Socialista – UCR FormaR y ARI
