El bloque de concejales radicales no contó ayer con el apoyo del justicialismo para pedir un rápido informe a la Intendenta Ana Meiners sobre la decisión de impulsar unos 2500 juicios desde el municipio. La información con la que cuentan los concejales opositores los obliga a pedir informes por el hecho.
El edil Andrés Grenón fue el encargado de solicitar el tratamiento en esa misma sesión. el proyecto le pide a Meiners que dentro de los 5 días posteriores a la sanción informe al Concejo Municipal respecto de los reclamos judiciales iniciados desde el 10 de diciembre del 2007, montos reclamados en cada acción judicial, así como rubros y períodos, sujetos pasivos de cada una de las acciones promovidas, precisando si se han realizado los estudios previos, en algunos casos tendientes a identificar la situación social de los demandados, profesionales intervinientes en cada uno de los juicios iniciados, precisando si se trata de personal de planta, profesionales contratados o abogados externos.
Grenón al momento de plantear las preguntas recordó que existieron "curiosos" movimientos en el área de Asesoría Letrada del municipio local donde la Dra. Bellitti (esposa del apoderado legal del municipio) es quien desarrollaría la jefatura del área, donde la profesional de carrera pidió un año de licencia y donde se produjeron ingresos de otros abogados como el Dr. Riera y el Dr. Plantón (sería el hijo del ex secretario de hacienda del municipio de Venado Tuerto).
El concejal Elena explicó que no conocían el texto del pedido de informes y por lo tanto el PJ no acompañaría la iniciativa en ese mismo momento, además se preguntó si con esa información con la cual contaban no comprometían al personal de carrera del municipio. Grenón le aclaró a Elena que no se trataba de información "filtrada" sino que habían tenido acceso a un escrito que el municipio presentó en un expediente judicial público donde explica que se agotó la partida de $ 100.000 destinada al pago de juicios y que no tenían otros recursos asignados.
Grenón recordó que es importante controlar y fundamentalmente si lo hicieron profesionales externos, porque si es así estamos hablando de honorarios regulados en cada juicio no menor a $ 500. "Queremos evitar comprometer gastos, no queremos co-gobernar, queremos saber que se hace con los fondos públicos de todos los esperancinos" dijo el edil radical.
De Pace bajó al recinto y pidió reflexionar sobre lo sucedido, recordando que los juicios encarados por deudas deben ser considerados socialmente porque no es bueno llevar a juicio a un desempleado o a alguien que esté pasando por problemas: "en nuestra gestión si no se podía pagar por estas situaciones extremas acordábamos con los vecinos un compromiso ante una futura venta del inmueble pero no le iniciábamos un juicio", agregó.
José Andreoli dijo que no estaban enterados del proyecto y que merecían tiempo para cotejar datos y después acompañar las preguntas. "A un justicialista no le gusta para nada que el estado caiga sobre los más necesitados" dijo Andreoli quien ante la decisión tomada les propuso a los radicales establecer una preferencia para la próxima sesión.
La votación fue 4-3, no alcanzó para aprobar el pedido de informes en ese momento y por lo tanto la duda quedará planteada en los medios y las preguntas formales serán presentadas la semana próxima a la intendenta municipal Ana Meiners.
