[Por José Bordón para La Nación] - Después de más de una década de litigio judicial, una estancia propiedad del Premio Nobel de la Paz en 1936, Carlos Saavedra Lamas, que estaba en manos de sus usurpadores fue finalmente desalojada y quedó en manos de un depositario judicial, que luego hará cumplir la voluntad testamentaria de su propietario, Carlos Roque Saavedra Sáenz, hijo del canciller argentino que medió entre Paraguay y Bolivia para poner fin a la Guerra del Chaco, en 1935, legó oportunamente a la Fundación Vida Silvestre y a la Fundación Félix de Azara para que lleven adelante proyectos de conservación de la naturaleza.

Se trata de un predio rural de unas 2600 hectáreas situado en jurisdicción de San Mariano, departamento Las Colonias, 65 kilómetros al oeste de esta capital, que se encontraba usurpado desde el año 2013 y era explotado mediante arriendo por los imputados, el abogado Raúl Antonio Freyre Iturraspe, Hugo Aníbal Gómez y Claudia Olmos (la pareja que trabajaba históricamente en el lugar e invocaba derechos posesorios a través de un proceso de usucapión) y José María Gómez.

Actualmente, la estancia estaba ocupada por los Gómez. Vivían con sus respectivos grupos familiares en el casco de la finca, que fue construido en el siglo XIX por Mariano Saavedra, hijo de Cornelio Saavedra, y continuaban realizando actividades agrícolas y ganaderas.

En la resolución, el juez en lo penal Sergio Carraro, designó a Jorge Eduardo Anzorreguy, albacea testamentario, como depositario judicial del establecimiento.

Pero también ordenó trabar embargo sobre el ganado existente en el lugar, con marca de Hugo Aníbal Gómez, y sobre los restantes bienes muebles que fueran constatados en el momento del allanamiento (que se realizó semanas atrás), entre ellos tractores y otros implementos.

Fueron imputados por usurpación, defraudación, estafas y abigeato. Según la acusación, arrendaron fracciones del campo a distintos productores agropecuarios y habrían dispuesto de casi 1400 cabezas de vacunos de la raza Aberdeen Angus que eran criados en el fundo. Y también se les imputó ser integrantes de una asociación ilícita que estaría encabezada por el abogado Freyre Iturraspe.

Finalmente, el juez Carraro decidió no dejar detenidos a los involucrados, aunque les impuso la obligación de constituir domicilio a todos los efectos legales debiendo informar en caso de ausencia del mismo por un término mayor a 72 horas, la obligación de comparecer en forma personal cada treinta días ante las autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) o dependencia policial más próxima al domicilio que se denuncie, todo ello más la prohibición de salida del país, debiendo, en su caso, comunicar en forma previa para evaluar la pertinente autorización.